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La transmisión de lenguas minorizadas al desplazar el foco del simple «aprendizaje» hacia un proceso integral de socialización. Bajo este concepto, el ámbito de actuación trasciende las paredes del hogar para abarcar todo el ecosistema vital del niño, donde los agentes (familia, pares, escuela y entorno comunitario) actúan como modelos de referencia. El objetivo fundamental no es solo la competencia gramatical, sino la formación de hablantes activos que encuentren en la lengua una herramienta de identidad y cohesión social. Al entender la lengua como una práctica social, se optimizan las oportunidades de éxito, ya que el infante no solo «sabe» el idioma, sino que «es» y «actúa» a través de él, garantizando que las nuevas generaciones no sean solo recipientes de una herencia, sino usuarios legítimos en contextos reales.

La preservación de una lengua es una responsabilidad tripartita y sistémica, donde el fallo de un eslabón compromete la supervivencia del resto. Kazares sostiene que, si bien la familia es el núcleo primario de afectividad y transmisión natural, esta es insuficiente si la escuela no provee la alfabetización y el prestigio académico necesario. Sin embargo, la mayor carga de sostenibilidad recae en las instituciones del Estado, que deben garantizar un marco jurídico y social que permita que el idioma sea funcional fuera de los entornos protegidos. 

La responsabilidad es compartida hasta el punto de que la familia no puede ser culpabilizada por la pérdida lingüística si el Estado no genera espacios de ocio, consumo cultural y servicios públicos en dicha lengua. En última instancia, la escuela enseña la lengua, la familia la siembra, pero es la estructura social (Estado) la que permite que esa lengua respire y sea útil en la vida adulta.